• Comunicado:

“¡El ejército a los cuarteles!”

Por Gerardo Fernández Noroña.

El artículo 129 constitucional es muy claro: en tiempos de paz el ejército debe estar en los cuarteles. A pesar de la enorme violencia y del baño de sangre que vive el país, no vivimos una guerra civil, ni vivimos un periodo de guerra contra otra nación. No es la finalidad de la presente reflexión entrar a un debate de fondo sobre esta apreciación y de los matices que hubiere. Pero si la determinación o percepción del gobierno es que vivimos tiempos de guerra o que está en peligro la paz pública, se debería invocar el artículo 29 constitucional. Este artículo viene desde el Constituyente de 1856 y por ende quedó establecido en la Constitución de 1857. Precisa de manera muy clara que sólo se pueden suspender derechos y garantías constitucionales a petición del ejecutivo autorizado por dos tercios del Congreso para un lugar, un tiempo y una situación claramente establecidos. Señala también que no puede ampliarse el periodo de suspensión de derechos y garantías constitucionales previamente otorgado y que, en todo caso debe solicitarse nuevamente al Congreso la autorización para extender el plazo establecido.

Gerardo Fernández Noroña.

La suspensión de derechos y garantías constitucionales lleva implícita la autorización para usar a las Fuerzas Armadas con la intención de devolver la paz y la seguridad pública a la Nación.

Todo lo anterior se viola -por lo menos desde el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, de manera sistemática y permanente y, por ende, es letra muerta. Con el pretexto de la seguridad pública se ha utilizado al ejército y a la Marina para labores policíacas. Se han establecido, incluso de manera permanente, retenes militares que violan flagrantemente derechos y garantías constitucionales de la población y que pasan por encima del artículo 16 constitucional.

El resultado por supuesto no ha sido mejorar las condiciones de seguridad pública. Si en cambio se han dado detenciones, abusos, atropellos, desapariciones y asesinatos de civiles cuyo único delito fue pasar o estar cerca del lugar donde estaban los militares haciendo una supuesta labor policíaca.

Larga y dolorosa sería la reflexión aquí plasmada si me dedicara solamente a hacer el listado de agravios y atropellos que la población ha sufrido a manos de las Fuerzas Armadas. Tampoco es mi objetivo en esta ocasión.

Adonde quiero llegar es a una situación más ilegal y más vergonzosa que la que aquí vengo señalando. Si el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública es totalmente ilegal e inconstitucional, su uso disfrazándolas de corporaciones policíacas es, si esto fuera posible, más ilegal y sin duda, cobarde y deleznable.

Porque resulta que el gobierno usurpador de Calderón y el desgobierno de Enrique Peña no se conforman con usar como policía a las Fuerzas Armadas, van más lejos y de hecho las disfrazan de policía tratando de ocultar que se trata, en realidad, del ejercito.

Los recientes asesinatos de civiles en Apatzingán acreditan de manera muy clara la participación del ejército. El vídeo presentado por el mal llamado comisionado Castillo, figura majaderamente ilegal e inconstitucional que ha sido impuesta al pueblo michoacano, muestra la llegada de civiles en torno a supuestos policías federales que habían decomisado autos. A esto, el nefasto señor Castillo lo denominó una emboscada. Los civiles llegan sin armas y son recibidos por una lluvia de balas y asesinados a sangre fría por supuestos policías federales. No es el comportamiento que la policía federal tendría al verse rodeada de civiles. La respuesta de estos supuestos policías federales, es la respuesta que daría el ejército ante lo que considera un ataque militar en su contra. Fue sin duda una respuesta excesiva e injustificada. No hay un solo supuesto policía federal que haga disparos al aire para detener, intimidar o alertar a los presuntos agresores civiles. Los tiros desde un principio son a matar. La rendición inmediata de varios civiles lo único que dio como resultado fue su ejecución a sangre fría. Éste es sin duda un nuevo crimen de estado: brutal, salvaje e inhumano. El desgobierno de Peña cuenta con los vídeos de lo sucedido, pero no se han presentado a la opinión pública pues los incriminarían de manera evidente.
Sostengo que los supuestos policías federales eran en realidad integrantes del ejército disfrazados de policía federal. Me dirán que presente las pruebas. Las ejecuciones son prueba suficiente. La manera de actuar es la del ejército y no la de la policía federal.

Presentar una prueba más me lleva a una aparente digresión. Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de agosto de 2012 fui diputado federal de la LXI Legislatura.

Empezaron nuestras funciones en los primeros días de septiembre del 2009 con las comparecencias de funcionarios del gobierno usurpador. En ese tiempo, las comparecencias se daban ante el pleno de los 500 diputados, sin embargo esas comparecencias fueron catastróficas para los secretarios de estado de facto y por ello, se cambió el formato para llevarlos a comisiones (diputados en un número no mayor a decenas), con la intención de hacerlas más manejables y de menor impacto ante los medios de comunicación.

Tocó a Javier Lozano, entonces secretario del trabajo del gobierno usurpador, comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados en esos primeros días de septiembre 2009, en un ambiente muy confrontado. El día anterior a su comparecencia, la cópula (leyeron bien, escribí cópula, no cúpula) del PRI y el PAN habían aumentado el IVA de 15% a 16%. Por si esto no fuera suficiente, en días previos se había usado al ejército disfrazado de policía federal para tomar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y para poner en la calle a más de 44,000 trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas ( que a la fecha, siguen injustamente despedidos).

La comparecencia fue durísima, en un ambiente muy crispado. De hecho ésta no pudo concluirse. Yo tuve muchas intervenciones ese día en el pleno. Quizás la más vista por la gente se dio en ese momento y entre los muchos títulos que recibió el vídeo uno es el de “Viven del pueblo y traicionan al pueblo”. Es un vídeo que está en YouTube, dura poco más de tres minutos y tiene millones de visitas. Ahí digo que “este señor que está sentado aquí a un lado (Javier Lozano) usa al ejército para acabar con una empresa pública”.

Ahí dije con toda claridad y precisión que se había utilizado al ejército para tomar y cerrar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sin embargo los testimonios y la posición del gobierno usurpador fueron siempre que la policía federal fue quien intervino. Lozano nunca negó o rechazó mi señalamiento.

La confirmación fehaciente a la acusación que entonces hice la obtuve hace ocho días, al visitar en la prisión militar del Campo Militar número uno al Teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez, quien lleva preso más de un año en este lugar bajo la acusación de haber abandonado un servicio. Resulta que el servicio que el ejército sostiene que abandonó fue la toma de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en la que el ejército afirma no haber participado. ¿Cómo puede el ejército acusar al Teniente Mendoza de haber abandonado un servicio que no está registrado como orden escrita y cuya operación el ejército niega? Así, acusándolo sin bases y mintiendo Pues, ¿cómo se puede abandonar un servicio que para el ejército nunca existió?

Lo que el Teniente Mendoza me comenta que hizo fue negarse a usar el uniforme de la policía federal y a cuestionar la toma de Luz y Fuerza del Centro por el ejército y las condiciones en que su tropa se encontraba en ese lugar. Su reclamo no terminó con la acusación. En realidad la acusación de abandono del servicio y de insubordinación vino después de un intento de asesinato sobre el propio Teniente Mendoza.

El citado teniente fue baleado por el Coronel José Raúl Celedón Lamas quien le descargó cinco tiros por la espalda acertando en dos ocasiones. El Coronel Celedón se encuentra libre, en servicio en Acapulco, mientras que el Teniente Mendoza está preso, pues al abandono de servicio se le sumó la acusación de insubordinación. Acusan al teniente de haberle dado un cabezazo (encontrándose el teniente de espaldas, lo cual es absurdo) al citado coronel. El teniente estuvo a punto de morir por los dos balazos recibidos, pero la justicia militar considera más grave el supuesto cabezazo dado a un superior, entonces el teniente es el acusado y está preso, y el agresor, el coronel, está libre. Por el supuesto delito de insubordinación (la agresión a un superior) al Teniente Mendoza le podrían imponer entre 6 y 20 años más de prisión dada la discrecionalidad de la mal llamada justicia militar. Cabe añadir que todos estos acontecimientos se dieron afuera de una escuela civil, en una colonia civil, sin que los militares estuvieran en servicio o uniformados por lo tanto, el caso debió ventilarse en los tribunales civiles y no en los tribunales militares.

Una reflexión sobre la discrecionalidad y los atropellos de la justicia militar exceden también a este artículo. El tema es demostrar que la toma de Luz y Fuerza del Centro fue una toma militar y no ha sido la excepción.

Los gobiernos acostumbran disfrazar de policía federal al ejército para reprimir, desaparecer y asesinar a opositores políticos, a luchadores sociales y a movimientos de rebeldía que se dan en diferentes puntos del país.

Es un asunto grave el que aquí denuncio. A la violación sistemática y permanente de la Constitución se suma una actuación criminal, represiva, ventajosa y de absoluta mala fe de quienes gobiernan el país al usar a las Fuerzas Armadas para sus fines y sus intereses francamente delictivos.

“El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz”.

Gerardo Fernández Noroña. México, D.F. a 13 de enero de 2013.